Programa electoral municipales 2011.

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Desde el partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J), partimos de la base de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a una serie de derechos fundamentales.

Anteponemos las personas a los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano[1] y priorizando la consecución de los derechos humanos como estrategia social, ya que sólo así se podrán sentar las bases de una sociedad cohesionada.

Este posicionamiento, que puede parecer utópico, debiera ser el punto de arranque de cualquier propuesta política en nuestro país; pues en realidad, por revolucionario que parezca, se trata de una exigencia recogida en la Constitución Española.

Así, nuestra norma fundamental, en su artículo 10[2], recoge tanto que el respeto a la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social como que la propia redacción de la Constitución está en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3].

En consonancia con el principio de partida expresado en el párrafo anterior, el M+J tiene por misión conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad[4]. Dicho de otro modo, pretendemos un cambio en el actual equilibrio de poder, que permita el desarrollo de las personas desde el pleno respeto del derecho nacional e internacional[5].

Ahora bien, este objetivo genérico para cualquier nivel de intervención debe concretarse para el ámbito municipal. Si, desde un enfoque global, tratamos de situarnos en el lugar de los más desfavorecidos de la Tierra; desde un enfoque local, serán los excluidos de nuestras propias ciudades los principales beneficiarios de las propuestas políticas del M+J. Sin perder de vista, obviamente, las relaciones que los municipios españoles, y las personas que los habitan, mantienen con el exterior; y teniendo muy presente la posibilidad que desde los ayuntamientos se tiene de aportar un granito de arena en la construcción de un mundo más justo.

Diseñar políticas municipales, que pongan en el centro los intereses de los más desfavorecidos, conlleva conocer en profundidad el margen de acción con el que se cuenta. No es habitual que los textos constitucionales desciendan a regular con detalle el nivel local de gobierno; y, ciertamente, nuestra Constitución no puede considerarse una excepción a este respecto. No obstante, la Constitución Española (CE) sí que garantiza la autonomía municipal y provincial; establece algunas reglas básicas acerca de los órganos encargados del gobierno y administración de los municipios y las provincias, deteniéndose en subrayar el carácter democrático de los mismos (arts. 140 y 141.2); e, incluso, menciona las fuentes de financiación precisas para desempeñar las funciones que la ley atribuya a las entidades locales (arts. 142 y 133.2), si bien no indica cuál pueda ser dicho ámbito competencial.

Es en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) donde se fijan las competencias municipales y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) donde se establece de manera pormenorizada los recursos de los que disponen los ayuntamientos. A la hora de elaborar nuestras propuestas de actuación hemos tenido muy presentes la CE, la LRBRL y la LRHL.

Conocido nuestro planteamiento de partida, el objetivo específico de cara a unas elecciones municipales y el marco legal donde se establecen las competencias de los ayuntamientos; solo nos queda, en esta introducción, establecer el guión a desarrollar y la lógica interna que tendrá el presente programa electoral.

Quienes formamos parte del partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) no nos sentimos culpables pero sí nos consideramos personas responsables que deben afrontar las situaciones de exclusión social que se viven en nuestras ciudades.

Somos conscientes de que todos los ciudadanos debemos arrimar el hombro si queremos construiruna sociedad incluyente. Para poder convivir en nuestros municipios, que son cada vez más plurales, tenemos la obligación de respetar al otro; considerando las diferencias como motivo de mutuo enriquecimiento y no como fuente de conflictos.

Quizás aún más grave que considerar al diferente como una amenaza es ignorarlo; mirando para otro lado cuando percibimos alrededor realidades que nos incomodan al cuestionar nuestro nivel de confort. Vivir ajenos a cuanto ocurra resulta irresponsable pues, seamos conscientes o no, en este mundo globalizado nuestros actos tienen cada vez mayor repercusión.

La lucha contra la exclusión es un deber de la sociedad en su conjunto; y a través de cualquier ámbito de la política – no solo desde la política social – se debe contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva. Ahora bien, en esta tarea de integrar a las personas excluidas, los servicios sociales tienen un papel relevante. Para que estos servicios puedan ejercer eficazmente su labor, es preciso modificar dos aspectos claves sobre cómo se conciben tradicionalmente.

Por un lado, los servicios sociales actúan como meros dispensarios – con escasos recursos, y además, hoy, paradójicamente recortados por la crisis[6] – que ofertan medidas únicamente paliativas. Proponemos que los servicios sociales salgan a la calle y lleven a cabo iniciativas de integración; convirtiéndose en motores de la inclusión y la promoción social.

Por otro lado, consideramos que se debe sustituir el actual enfoque caritativo de los servicios sociales por un enfoque basado en derechos. Y son nuestros gobernantes, en general, quienes tienen la obligación de garantizar estos derechos sociales a sus ciudadanos; y nuestros gobiernos municipales, en particular, deberán facilitar estos derechos dentro del margen que les asigna la ley.

Acogiéndonos a este margen, ofertamos una serie de medidas encaminadas a posibilitar los derechos socialesde todos, con especial atención hacia los más desfavorecidos. Aparte de no contar con una serie de recursos económicos – entre otros motivos por no darse cumplimiento a los derechos al empleo y a una vivienda que recoge la Constitución Española – las personas excluidas, o en riesgo de exclusión, suelen carecer de una red social adecuada y, al no estar integradas en la sociedad, tampoco hacen uso de su derecho a participar en la vida política.

Reforzar el tejido social es fundamental para reducir el número de personas marginadas por la sociedad. Proponemos, entre otras medidas, propiciar iniciativas de economía social, depositar las cuentas de la hacienda local en una banca ética y establecer cláusulas en los concursos públicos que favorezcan la adjudicación a empresas sociales.

Planteamos también la necesidad de avanzar desde la democracia esencialmente representativa actual hacia una democracia participativa; poniendo especial atención en fomentar la participación en aquellos barrios marginales de nuestras ciudades. Así, entre todas las personas residentes – sin exclusión alguna – se deberá construir un modelo de ciudad que haga posible una sociedad cohesionada. Una ciudad que no transcriba al territorio las desigualdades existentes, y que tienda a aminorar éstas; que no privatice sus espacios; y que esté dotada de unas infraestructuras que fomenten un consumo responsable.

 

Una ciudad abierta al mundo que, a través del codesarrollo y la cooperación descentralizada, ayude a mejorar las duras realidades que se viven más allá de nuestras fronteras nacionales.

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[1] Nuestra postura es justo la opuesta a la del modelo neoliberal vigente que pone a la persona al servicio de la economía.

[2] El artículo 10 de la Constitución Española trata sobre derechos y deberes fundamentales:

“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”

[3] Esta conformidad de la Constitución Española (CE) con la Declaración Universal de los Derechos Humanos resulta cuestionable pero no es éste el espacio propio para discutir este asunto. Si la CE es plenamente coherente con el respeto a la citada declaración, o no, puede ser asunto abordable desde el ámbito nacional.

[4] En el documento de Misión, Visión y Valores del partido político por un mundo más justo se define la misión del partido en los siguientes térmicos:

“Contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional como marco idóneo desde el cual conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad y lograr la promoción del desarrollo de las personas desde el respeto a los derechos humanos universales”.

[5] En este sentido pretendemos dar cumplimiento a aquellas leyes, declaraciones o pactos vigentes, tanto nacionales como internacionales, que por desgracia no siempre se cumplen en nuestro país. Como ejemplo de ley incumplida por los poderes públicos, citaré el artículo 47 de la Constitución Española (1978) que se refiere al derecho a una vivienda y al que más adelante daremos respuesta dentro de nuestro programa electoral. También podría citarse el incumplido Pacto de Estado contra la pobreza firmado en diciembre de 2.007 por los diferentes partido políticos que tenían entonces representación parlamentaria. Y respecto al nivel internacional, podríamos nombrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a pesar de estar redactada con un enfoque occidental, los gobiernos de Occidente – entre ellos España – lo incumplen asiduamente.

[6] La crisis ha provocado “políticas de austeridad coordinadas (Reino Unido, España, Grecia y buena parte de los países de la OCDE) y de reformas laborales con efectos negativos sobre la seguridad y calidad del empleo (y potencialmente sobre el poder adquisitivo de los trabajadores), aplicadas bajo la presión de la política exterior…En el caso español, estas medidas se han traducido en un cambio sustancial del Gobierno respecto a las políticas de inclusión y protección social, y en el drástico recorte del gasto público para reducir el déficit, con los consiguientes efectos negativos sobre las políticas sociales y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de las personas. Las actuales medidas de ajuste del gobierno español, que afectarán a algunas de las políticas sociales más importantes (tales como la Ley de Dependencia y las pensiones) pueden dañar la base del Estado de Bienestar, obstaculizar la reactivación económica, provocar un aumento de las desigualdades y deteriorar la cohesión social.” [«Propuestas del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) para una Estrategia de Inclusión Social. 2020 en España» publicado en octubre de 2.010; páginas 47-48].

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