M+J ante el Día Internacional de las Personas Migrantes.

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Este 18 de diciembre se va a caracterizar por ser el Día Internacional de las Personas Migrantes en que más desprotegidos están. Están desprotegidos porque nuestro País, nuestro Continente Europeo y nuestro “primer mundo” se están cerrando cada vez más, cada día más y más los están excluyendo y más están promoviendo una “cultura” de la discriminación, xenofobia, racismo y rechazo.

Es fuerte decir esto, pero tan solo debemos remitirnos a las pruebas: registros y detenciones arbitrarias por las calles de nuestras ciudades; reclusión en los C.I.Es. (Centros de Internamiento para Extranjeros), que son verdaderas y auténticas cárceles para personas que no han cometido ningún delito, tan solo una falta administrativa (recordemos que  no tener los papeles en regla no es delito, es tan solo una falta administrativa); expulsiones masivas; expulsiones de niños y niñas menores de edad no acompañados; restricción del derecho a la defensa jurídica; repetidos intentos de restricción de derechos sociales básicos como son la educación, la sanidad y otros que derivan del empadronamiento; recientes intentos a la negativa del derecho al arraigo; y por si todo esto fuese poco nuestro país ha llevado adelante la Reforma de la Ley de Extranjería más dura de todos los tiempos, a la que solo se han añadido enmiendas aún más restrictivas y no se tuvieron en cuenta las enmiendas sociales que hicieron entidades de tanto peso como son Cáritas Española, CEAR, Red Acoge y otras tantas que denunciaron muchos artículos de la citada Reforma.

Es indignante que justo en el mes en que se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes, coincida con la aprobación y publicación por parte del Gobierno español del Reglamento que hará efectivo y pondrá en marcha la Reforma de la Ley de Extranjería. Es una más de tantas mofas que les hacemos desde nuestro “primer mundo” a estas personas. La aprobación y publicación de este Reglamento es consecuencia de la obligada incorporación  al derecho nacional de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la “directiva retorno” de la Unión Europea (1).

Estas personas, con nombres y apellidos, con historias personales, familiares, sociales, comunitarias; personas que aún no queriendo se ven radicalmente obligadas a salir de sus contextos vitales, de sus comunidades, de sus raíces y culturas; estas personas que en tiempos de “bonanza económica” (bonanza entre comillas, pues tan solo ha sido para una parte mínima de la población; el dato es claro: durante los años de supuesta bonanza y crecimiento económico, el número de pobres y excluidos en España no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado; algo no ha funcionado correctamente, como es lógico y comprensible), así pues, estas personas que en este tiempo tan necesarias han sido, tanta falta nos hacían (pues, ¿Quién cuidaba de nuestros hijos, mayores y enfermos para que nosotros, españoles de pura cepa pudiéramos ir a trabajar y de vacaciones? ¿Quién ha limpiado y atendido nuestros hogares? ¿Quién ha construido nuestros pisos, chalets, segundas y terceras viviendas? ¿Quién ha trabajado en los invernaderos en verano?); ahora ya no les necesitamos, ya no les queremos y ahora nos sobran.

Ahora decimos que nos quitan las ayudas sociales, que copan los servicios médicos, que vienen a nuestro país a operarse sin más; que son los que más delinquen en España; que deben estar en segundo lugar para optar por un puesto de trabajo, pues los primeros somos los españoles. Cuando desde las entidades sociales, e incluso los datos del Instituto Nacional de Estadística, demuestran que no son los que más delinquen, que no copan las ayudas y servicios sociales, sino todo lo contrario. Los diferentes estudios lo demuestran.

Desde el Partido Por un Mundo Más Justo denunciamos, en este día, en aras a que todas las personas sigan pudiendo tener sus derechos reconocidos y cada día más salvaguardados; porque creemos firmemente que todo el mundo tiene derecho a migrar, dignamente y sin peligro para su vida, y sobre todo porque creemos y apostamos porque toda persona pueda vivir dignamente en su país, en su cultura, entre su gente; con los recursos necesarios para no verse obligados a migrar… Por todo esto pedimos en este día al gobierno español, a los gobiernos autonómicos y locales:

1. Dar cumplimiento al artículo 10.2. de la Constitución Española (2) que hace alusión expresa al cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entendemos que frecuentemente se vulnera dentro de nuestro territorio, entre otros, el artículo 13.1 de la citada declaración (3) .

2. Cese de las identificaciones policiales masivas, injustificadas y tan solo motivadas por el color de la piel, el origen y procedencia de los identificados.

3. Fin de las detenciones preventivas por parte de las fuerzas de seguridad del estado.

4. Cese inmediato de las repatriaciones masivas de personas migrantes, especialmente de los menores no acompañados.

5. Cierre inmediato de los Centros de Internamiento para Extranjeros (C.I.Es.) que están distribuidos por toda la geografía española.

6. En el proceso del cierre de los C.I.Es. que se permita el acceso a todas las entidades sociales, no gubernamentales y mediadores objetivos para la supervisión de que se están salvaguardando los derechos de las personas internadas, y no solo a una entidad.
7. Fin de la utilización partidista de las personas migrantes. Fin de los “globos sonda” sobre la negativa al empadronamiento y otras irregularidades e ilegalidades objetivas con el único fin de obtener un mayor rédito electoral.

8. Revisión de la Reforma de la Ley de Extranjería con las entidades sociales implicadas y eliminación de todos los artículos que discriminen, excluyan y marginen a todas las personas migrantes.

9. Que se posponga el Reglamento de LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL; creándose mesas de trabajo con las entidades sociales implicadas en el trabajo con las personas migrantes así como con asociaciones y entidades de personas migrantes.

10. Que el gobierno español – aunque se vea obligado a cumplirla – manifieste su disconformidad con «la Directiva de la Unión Europea sobre procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio». Consideramos que lo especialmente grave de esta norma comunitaria – conocida comúnmente como “directiva retorno” – es el rumbo que marca, la “hoja de ruta” que fija para las políticas de gestión de las migraciones de la Unión Europea y, al mismo tiempo, para su política de ciudadanía. Respecto a las primeras, la confirmación de una visión exclusivamente utilitarista, economicista y basada en criterios de seguridad. En lo concerniente a la segunda, el afianzamiento del “sistema de castas”, aceptando sin tapujos la existencia de diferentes clases de ciudadanos con distintos niveles de protección para sus derechos fundamentales.

(1)  Artículo 20.1 de la “directiva retorno”: “Incorporación al Derecho nacional. 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar, el 24 de diciembre de 2010. Por lo que respecta al artículo 13, apartado 4, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar, el 24 de diciembre de 2011. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.”
(2) Artículo 10.2 de la Constitución Española: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
(3) Artículo 13.1 de la declaración universal de los DDHH: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.”

 

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