España endeudada hasta 2025, no podrá pagar su deuda en gasto militar si no aumenta los recortes sociales

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Desde el partido político M+J exigimos una explicación,clara y detallada,del incremento del 23% de los costes de los programas especiales de armamento.

Acto_campana_MJEl Secretario de Estado de Defensa, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del pasado 23 de mayo, estimó en 29.495 millones el coste final de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), asumiendo un incremento mínimo de los costes de estos Programas de 5.535 millones de euros.

En relación con el coste real de los Programas Especiales de Armamento debemos poner en evidencia que únicamente existen dos cifras consolidadas. Inicialmente, los contratos que se suscribieron suponían 23.960 millones de euros y, posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó, en 2009, el incremento de su presupuesto hasta los 26.693 millones de euros. Salvo estas cantidades, el resto de las cifras que se ofrecen sólo son previsiones.

Las previsiones realizadas por el anterior Gobierno, en 2011 a partir de su evaluación sobre los PEAS, daban una horquilla de coste final entre 31.631 y 36.876 millones, pero por otra parte, la cifra barajada por el actual Ministerio de Defensa, según información aparecida en los medios de comunicación asciende a 33.345 millones.,. Esto supone que según se utilicen unas cifras u otras, los recortes propuestos por el actual Gobierno varíen considerablemente, desde los dos hasta los siete millones de euros.

La realidad es que los PEAS han incrementado su presupuesto, desde el inicialmente previsto hasta la cifra facilitada por el Secretario de Estado en un 23%.

Estas modificaciones presupuestarias se han debido a una falta de rigor en la planificación de los presupuestos y en la realización de los contratos, por lo que se ha abusado de las modificaciones contractuales, revisiones de precios y partidas abiertas.

Este incremento de, como mínimo, un 23% sobre los costes iniciales debe ser inasumible para una Administración pública que se considere rigurosa. Por dicho motivo, es necesario que nuestra sociedad pueda conocer con detalle las causas de estos incrementos de precio mediante una auditoría pública e independiente de estos programas.

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